Hola Vecinos
El miércoles a las 19 vamos a hacer una reunión, informal, con todos los que quieran participar, en el bar Dorrego. La idea es comentar las últimas novedades (reuniones con funcionarios como el subsecretario de Espacio público del GCBA) y discutir los asuntos pendientes o los temas que hayan aparecido últimamente: centro cultural, la recuperación de la canchita de Humberto I y Balcarce para que los chicos del barrio la puedan usar... Está pendiente también el encuentro con el dip. Diego Santilli (virtual vice jefe de gobierno de la ciudad y probable futuro ministro de transporte de Macri) y tenemos que empezar a ver cómo vamos a seguir a los diputados electos que se reunieron con nosotros: Fabio Basteiro (Solanas) y Fernando Sanchez (Carrió) y Patricio Di Stéfano que tiene mandato hasta 2011.... Otro tema que tenemos que empezar a ver es el del ex Padelai...
Nos vemos el miércoles a las 19 en el Dorrego..La reunión será abierta a los temas que quieran plantear.
Saludos
24/08/09
08/08/09
26/07/09
Informe sobre reunión con el Dip. Nacional Fernando Sanchez
Informe sobre la reunión con el dip. nacional Fernando Sanchez, del Acuerdo Cívico y Social, del viernes pasado (26 de junio). Como les mencionamos Sanchez finaliza su mandato de 4 años el 10 de diciembre. Y como 1° legislador entrará entonces a la Legislatura porteña por aquel espacio.
De la reunión participaron unos 15 vecinos y se realizó en el bar El Nacional, en Perú al 600.
Del mismo modo que se hizo en las reuniones anteriores fueron expuestos todos los problemas del barrio y las inquietudes vecinales que hacen a nuestra vida como vecinos del Centro Histórico de Buenos Aires. Sanchez manifestó un fuerte compromiso por mantener el trabajo de Teresa de Anchorena, que no renovará su banca. Y aunque aclaró que no es un experto en el tema, se refirió en reiteradas ocasiones a la necesidad de preservar todo lo que tenga valor histórico o patrimonial cuidando también la vida y la idiosincracia barrial. Y este es tal vez uno de los puntos más importantes que hasta ahora no hemos logrado que el gobierno entienda.
Nos queda ahora seguir trabajando en algunas iniciativas legislativas que apunten a mantener lo que nos queda de barrio y cuidar todo aquello que hoy no está protegido.
Saludos y nos veremos seguramente en un par de semanas en la próxima reunión del grupo.
Equipo Coordinador STP
De la reunión participaron unos 15 vecinos y se realizó en el bar El Nacional, en Perú al 600.
Del mismo modo que se hizo en las reuniones anteriores fueron expuestos todos los problemas del barrio y las inquietudes vecinales que hacen a nuestra vida como vecinos del Centro Histórico de Buenos Aires. Sanchez manifestó un fuerte compromiso por mantener el trabajo de Teresa de Anchorena, que no renovará su banca. Y aunque aclaró que no es un experto en el tema, se refirió en reiteradas ocasiones a la necesidad de preservar todo lo que tenga valor histórico o patrimonial cuidando también la vida y la idiosincracia barrial. Y este es tal vez uno de los puntos más importantes que hasta ahora no hemos logrado que el gobierno entienda.
Nos queda ahora seguir trabajando en algunas iniciativas legislativas que apunten a mantener lo que nos queda de barrio y cuidar todo aquello que hoy no está protegido.
Saludos y nos veremos seguramente en un par de semanas en la próxima reunión del grupo.
Equipo Coordinador STP
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Demoliciones y reglamentos
Nota Publicada en el periodico Página 12, en el suplemento M2. Escribio Sergio Kiernan. Publicada el sábado 25 de julio de 2009.
Hay una verdadera epidemia de demoliciones, con y sin autorización. El CAAP aprueba cosas muy cuestionables. Y el Ejecutivo prometió que en 15 días llega a la Legislatura el régimen de faltas especial para el patrimonio.
Hasta la persona más sanguínea, de las que pueden ignorar la gripe mexicana, tiene la sensación de que hay otra epidemia en la ciudad. La dolencia en este caso es la demolición a las apuradas de edificios patrimoniales cuya destrucción está prohibida, agravada por dos factores. Uno es que el cuerpo médico especializado, en este caso el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, la está pifiando con los diagnósticos. Y el otro es que el gran antibiótico antipiquetas, el régimen de penalidades para el patrimonio, sigue sin salir de los cajones oficiales. Las buenas noticias son que el CAAP está empezando a reaccionar y que el régimen será presentado en dos semanas –prometen en el gobierno– para que la Legislatura lo sancione.
Tres casas
Hubo tres casos en estos días de piqueta malandra, con tres situaciones legales diferentes y tres resultados variados. Los edificios son viviendas de Recoleta, Montserrat y San Telmo, que van del petit hotel francés a la casa de barrio de las mejores.
En Pueyrredón 1741, a metros de Peña, se alzó por muchos años el petit hotel, que empezó a ser demolido la semana pasada con la frivolidad habitual en estos casos. Una empresa compró este tesoro y un arquitecto, o arquitectos, se prestó a destruirlo para reemplazarlo por algo mucho peor, mucho más feo, mucho menos valioso, pero más grandote y rentable. En la zona roja le dicen a esto prostitución, entre arquitectos le dicen ganarse la vida. Vecinos y diputados patrimonialistas se movilizaron para frenar el aparente atentado, pero resulta que no se pudo hacer nada porque los permisos estaban en regla. Un petit hotel menos para la ciudad.
Más ambigua resulta la situación de la casita de barrio de la calle México al 1400 –foto en la tapa– que ya está a medio demoler. Resulta que en este caso los vándalos sacaron un permiso del que se sabe que fue tramitado todavía en 2008. Pero sucede que los permisos vencen a los 180 días, o más exactamente lo que caduca es algo llamado “certificado de uso conforme”. Este papel, parte normal del trámite, asegura al demoledor que no le van a cambiar las leyes al día siguiente que sacó el permiso y lo pagó. Por ejemplo, nadie puede caerse por la obra para avisar que hay un nuevo impuesto al ladrillo colorado, o que hay que pagar más porque ahora el trámite subió de precio.
Como ya estamos a julio de 2009, el papel está obviamente vencido, pero no queda en claro si esto alcanza para detener la ya avanzada destrucción de la casa. El diputado Patricio Distefano (PRO) está apadrinando esta casa y tratando de que le expliquen por qué los planos llevan un sello de fines de junio, cuando la ley 3056 ya estaba en efecto. Por supuesto, la casa de la que hablamos es anterior a 1940.
Lo que no se demolió fue la linda casa en PH de Estados Unidos 946, que los vecinos de San Telmo Preserva denunciaron indignados se iba a rematar en pedazos. Este tipo de remate consiste en hacer lotes de todo lo que se puede de una casa antes de destruirla. Al despedazarla, se retira todo lo que ya se vendió y se entrega al comprador. Los vecinos estaban indignados porque asumieron que una casa en buen estado, obviamente valiosa y en pleno San Telmo, tenía que estar protegida. También sabían que esta casa está a metros del APH de su barrio y está incluida en la ampliación futura del área.
Se equivocaban: la demolición ya había sido autorizada por el CAAP, que explicó que “el entorno” hacía que no se mereciera ser protegida. Sólo faltaba el permiso formal de demolición, lo que dio tiempo para que el diputado Distefano presentara un proyecto de catalogación el jueves de la semana pasada. Al día siguiente, se comunicó por escrito al Ejecutivo para avisar que el edificio quedaba inhibido. El lunes, la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena (CC), hizo lo mismo para formalizar el tema. Hasta nuevo aviso, la casa de Estados Unidos está a salvo.
Y el CAAP, con otro error, introduce un cuarto edificio en esta lista. Es la casa de Andrés Kálnay en la calle Palestina, demolida parcialmente sin permiso ni papeles. La obra fue clausurada inmediatamente, gracias a la denuncia de los vecinos, porque la estaban haciendo de araca. Se ve que los dueños sabían que no se iba a poder destruir un Kálnay con papeles, por lo que pasaron a la clandestinidad. Pues ahora, la dirección general que se ocupa de las Areas de Protección Histórica le preguntó al CAAP si consideraba que la casa de Palestina tenía valor, parte del trámite en curso. ¿Qué contestó el Consejo? Que no valía la pena conservarla porque ya estaba “demasiado dañada”.
¿Quién les preguntó eso? ¿No perciben en el Consejo que así ayudan a premiar a los vándalos?
Las penalidades
Todo esto ocurre en rigor por la casi entera impunidad con que se puede hacer cualquier cosa en esta ciudad. Como se entenderá, los inspectores no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, con lo que resulta invaluable que los vecinos avisen de estas avivadas. Pero hasta cuando se clausuran las obras el gobierno porteño se encuentra con pocas herramientas para punir a los culpables. Las multas tienen más de diez años sin actualizarse y resultan minúsculas. Y no existe un régimen especial para punir a quienes rompan lo nuestro.
O mejor dicho, sí existe, pero en un largo invernar en los cajones oficiales. Allí, en tiempos del increíble Aníbal Ibarra, se logró aprobar la ley 1227, la primera dedicada específicamente al patrimonio. Una de las cosas que ordenaba la ley era que el Ejecutivo preparara y remitiera a la Legislatura un reglamento para velar por el patrimonio edificado, con castigos y reglas. Silvia Fajre, primero como subsecretaria de Patrimonio y luego como ministra de Cultura de Jorge Telerman, se ocupó minuciosamente de cajonear la 1227. Fajre se negó a reglamentarla para que todo siguiera en el limbo y fue necesario que la diputada Anchorena le presentara un amparo para que la ley fuera efectiva, algo que debe ser un caso único en la historia institucional argentina.
Lo que nunca ocurrió fue que se redactara el reglamento y las penalidades, tarea que le quedó a la actual subsecretaria de Patrimonio, Josefina Delgado. El reglamento fue largamente discutido y revisado, y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le dijo a m2 este jueves que ya se lo envió al subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri. “Hoy mismo (por el jueves) hablé con Lostri –dijo el ministro Lombardi–, y me aseguró que en 15 días el reglamento está en la Legislatura.”
Con lo que a mediados de agosto los diputados pueden estar discutiendo sancionar la herramienta para frenar estos desmanes. Legalmente, se trata de incluir una sección específica en el régimen de faltas de la ciudad. Esta sección, la número doce, trata de bienes inmuebles y muebles y castiga a los profesionales a cargo de la obra, la empresa que demuela y la empresa constructora con multas de 350.000 a 500.000 unidades fijas por una demolición total sin permiso, de 200.000 a 350.000 por una demolición parcial y de 50.000 a 200.000 cuando “se modifique, destruya o substraiga una parte constitutiva del bien”. Una unidad fija es hoy aproximadamente un peso.
El proyecto agrega que “si el responsable de la ejecución de la obra fuera un profesional o titular de una empresa, será sancionado con multas mayores a las de cada caso y puede ser pasible de la sanción de inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. Se procederá asimismo a la clausura de la obra”.
La potencia de este reglamento es evidente, y no sólo porque la multa pasa de ser de unos 10.000 pesos como máximo a medio millón. Con esta reforma se acaba esa obediencia debida de los profesionales de la construcción, que se niegan a hacerse cargo de la violencia de sus actos de vandalismo.
Hay una verdadera epidemia de demoliciones, con y sin autorización. El CAAP aprueba cosas muy cuestionables. Y el Ejecutivo prometió que en 15 días llega a la Legislatura el régimen de faltas especial para el patrimonio.
Hasta la persona más sanguínea, de las que pueden ignorar la gripe mexicana, tiene la sensación de que hay otra epidemia en la ciudad. La dolencia en este caso es la demolición a las apuradas de edificios patrimoniales cuya destrucción está prohibida, agravada por dos factores. Uno es que el cuerpo médico especializado, en este caso el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, la está pifiando con los diagnósticos. Y el otro es que el gran antibiótico antipiquetas, el régimen de penalidades para el patrimonio, sigue sin salir de los cajones oficiales. Las buenas noticias son que el CAAP está empezando a reaccionar y que el régimen será presentado en dos semanas –prometen en el gobierno– para que la Legislatura lo sancione.
Tres casas
Hubo tres casos en estos días de piqueta malandra, con tres situaciones legales diferentes y tres resultados variados. Los edificios son viviendas de Recoleta, Montserrat y San Telmo, que van del petit hotel francés a la casa de barrio de las mejores.
En Pueyrredón 1741, a metros de Peña, se alzó por muchos años el petit hotel, que empezó a ser demolido la semana pasada con la frivolidad habitual en estos casos. Una empresa compró este tesoro y un arquitecto, o arquitectos, se prestó a destruirlo para reemplazarlo por algo mucho peor, mucho más feo, mucho menos valioso, pero más grandote y rentable. En la zona roja le dicen a esto prostitución, entre arquitectos le dicen ganarse la vida. Vecinos y diputados patrimonialistas se movilizaron para frenar el aparente atentado, pero resulta que no se pudo hacer nada porque los permisos estaban en regla. Un petit hotel menos para la ciudad.
Más ambigua resulta la situación de la casita de barrio de la calle México al 1400 –foto en la tapa– que ya está a medio demoler. Resulta que en este caso los vándalos sacaron un permiso del que se sabe que fue tramitado todavía en 2008. Pero sucede que los permisos vencen a los 180 días, o más exactamente lo que caduca es algo llamado “certificado de uso conforme”. Este papel, parte normal del trámite, asegura al demoledor que no le van a cambiar las leyes al día siguiente que sacó el permiso y lo pagó. Por ejemplo, nadie puede caerse por la obra para avisar que hay un nuevo impuesto al ladrillo colorado, o que hay que pagar más porque ahora el trámite subió de precio.
Como ya estamos a julio de 2009, el papel está obviamente vencido, pero no queda en claro si esto alcanza para detener la ya avanzada destrucción de la casa. El diputado Patricio Distefano (PRO) está apadrinando esta casa y tratando de que le expliquen por qué los planos llevan un sello de fines de junio, cuando la ley 3056 ya estaba en efecto. Por supuesto, la casa de la que hablamos es anterior a 1940.
Lo que no se demolió fue la linda casa en PH de Estados Unidos 946, que los vecinos de San Telmo Preserva denunciaron indignados se iba a rematar en pedazos. Este tipo de remate consiste en hacer lotes de todo lo que se puede de una casa antes de destruirla. Al despedazarla, se retira todo lo que ya se vendió y se entrega al comprador. Los vecinos estaban indignados porque asumieron que una casa en buen estado, obviamente valiosa y en pleno San Telmo, tenía que estar protegida. También sabían que esta casa está a metros del APH de su barrio y está incluida en la ampliación futura del área.
Se equivocaban: la demolición ya había sido autorizada por el CAAP, que explicó que “el entorno” hacía que no se mereciera ser protegida. Sólo faltaba el permiso formal de demolición, lo que dio tiempo para que el diputado Distefano presentara un proyecto de catalogación el jueves de la semana pasada. Al día siguiente, se comunicó por escrito al Ejecutivo para avisar que el edificio quedaba inhibido. El lunes, la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena (CC), hizo lo mismo para formalizar el tema. Hasta nuevo aviso, la casa de Estados Unidos está a salvo.
Y el CAAP, con otro error, introduce un cuarto edificio en esta lista. Es la casa de Andrés Kálnay en la calle Palestina, demolida parcialmente sin permiso ni papeles. La obra fue clausurada inmediatamente, gracias a la denuncia de los vecinos, porque la estaban haciendo de araca. Se ve que los dueños sabían que no se iba a poder destruir un Kálnay con papeles, por lo que pasaron a la clandestinidad. Pues ahora, la dirección general que se ocupa de las Areas de Protección Histórica le preguntó al CAAP si consideraba que la casa de Palestina tenía valor, parte del trámite en curso. ¿Qué contestó el Consejo? Que no valía la pena conservarla porque ya estaba “demasiado dañada”.
¿Quién les preguntó eso? ¿No perciben en el Consejo que así ayudan a premiar a los vándalos?
Las penalidades
Todo esto ocurre en rigor por la casi entera impunidad con que se puede hacer cualquier cosa en esta ciudad. Como se entenderá, los inspectores no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, con lo que resulta invaluable que los vecinos avisen de estas avivadas. Pero hasta cuando se clausuran las obras el gobierno porteño se encuentra con pocas herramientas para punir a los culpables. Las multas tienen más de diez años sin actualizarse y resultan minúsculas. Y no existe un régimen especial para punir a quienes rompan lo nuestro.
O mejor dicho, sí existe, pero en un largo invernar en los cajones oficiales. Allí, en tiempos del increíble Aníbal Ibarra, se logró aprobar la ley 1227, la primera dedicada específicamente al patrimonio. Una de las cosas que ordenaba la ley era que el Ejecutivo preparara y remitiera a la Legislatura un reglamento para velar por el patrimonio edificado, con castigos y reglas. Silvia Fajre, primero como subsecretaria de Patrimonio y luego como ministra de Cultura de Jorge Telerman, se ocupó minuciosamente de cajonear la 1227. Fajre se negó a reglamentarla para que todo siguiera en el limbo y fue necesario que la diputada Anchorena le presentara un amparo para que la ley fuera efectiva, algo que debe ser un caso único en la historia institucional argentina.
Lo que nunca ocurrió fue que se redactara el reglamento y las penalidades, tarea que le quedó a la actual subsecretaria de Patrimonio, Josefina Delgado. El reglamento fue largamente discutido y revisado, y el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, le dijo a m2 este jueves que ya se lo envió al subsecretario de Planeamiento Urbano, Héctor Lostri. “Hoy mismo (por el jueves) hablé con Lostri –dijo el ministro Lombardi–, y me aseguró que en 15 días el reglamento está en la Legislatura.”
Con lo que a mediados de agosto los diputados pueden estar discutiendo sancionar la herramienta para frenar estos desmanes. Legalmente, se trata de incluir una sección específica en el régimen de faltas de la ciudad. Esta sección, la número doce, trata de bienes inmuebles y muebles y castiga a los profesionales a cargo de la obra, la empresa que demuela y la empresa constructora con multas de 350.000 a 500.000 unidades fijas por una demolición total sin permiso, de 200.000 a 350.000 por una demolición parcial y de 50.000 a 200.000 cuando “se modifique, destruya o substraiga una parte constitutiva del bien”. Una unidad fija es hoy aproximadamente un peso.
El proyecto agrega que “si el responsable de la ejecución de la obra fuera un profesional o titular de una empresa, será sancionado con multas mayores a las de cada caso y puede ser pasible de la sanción de inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. Se procederá asimismo a la clausura de la obra”.
La potencia de este reglamento es evidente, y no sólo porque la multa pasa de ser de unos 10.000 pesos como máximo a medio millón. Con esta reforma se acaba esa obediencia debida de los profesionales de la construcción, que se niegan a hacerse cargo de la violencia de sus actos de vandalismo.
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19/07/09
Un caso del 900
Nota publicada en Pagina 12 Suplemento M2
Escribe Sergio Kiernan
El 18 de junio, una vecina de San Telmo pasaba por la cuadra de la calle Estados Unidos entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí. En la vereda sur, vio salir de una vieja casona unos obreros llevando maderas y vigas. La señora se acercó a mirar y los albañiles, cordiales, le dijeron que se apurara a sacar fotos porque la casa se demolía. A la señora le extrañó porque, al fin y al cabo, estaban en pleno San Telmo, en pleno casco histórico. Y por eso les mandó un mail a sus vecinos de San Telmo Preserva. Así empezó una historia que puede clasificarse entre los dolores de parto del sistema porteño para preservar el patrimonio.
Este año, la Legislatura sancionó la ley 3056, que amplía la vieja 2548 a toda la ciudad y hasta fines de 2010. El mecanismo se basa en una idea de la diputada Teresa de Anchorena (CC), presidenta de la Comisión de Patrimonio, que había presentado un proyecto general de protección para todo edificio anterior a 1941. En esencia, ésa es la actual ley, que prohíbe demoler o alterar cualquier edificio anterior a esa fecha sin un trámite especial.
Este trámite le saca al Ejecutivo el monopolio de la autoridad, en el sentido de que no puede interpretar solito la ley. Cuando alguien pide autorización para demoler o modificar un edificio, en ventanilla se fijan en la edad del edificio. Si es de 1940 o antes, la carpeta se envía a una entidad llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales. El CAAP tiene un plazo perentorio para pronunciarse por sí o por no. Si no encuentra méritos para preservar el edificio, devuelve el asunto al Ejecutivo para que se autorice la demolición. Si los encuentra, la carpeta va a la Legislatura para que se catalogue por el bizantino trámite normal, con lo que el bien queda inhibido hasta que los diputados decidan.
La casa que vio la señora en Estados Unidos 946 claramente cae dentro de la ley. Es de esas casas en PH, planta baja y un piso, muy argentinas y con ornamentos afrancesados que no alcanzan para hacerla francesa. Como se ve en la foto, las herrerías bombé son canónicamente afrancesadas, igual que la decoración del balconcito a la izquierda, que se une con gracia a la linda máscara femenina. El edificio está obviamente baqueteado y mal utilizado, pero íntegro, sin patologías ni grietas. Hasta el símil piedra de la fachada está entero, con todos sus ornamentos en su lugar.
Es por eso que en San Telmo Preserva asumieron que se trataba de otra demolición clandestina y se movieron a toda velocidad. La misma noche del mail se comunicaron con el diputado porteño Patricio Distefano (PRO) que, al día siguiente, 19 de junio, mandó a un asesor a ver el lugar. La casa estaba vacía y cerrada, con lo que no hubo manera de comprobar nada. Distefano prometió seguir el tema y consiguió inspecciones de la Dgfyco, la entidad municipal que fiscaliza y controla las obras. Los inspectores eventualmente encontraron a alguien en la casa, pero no pudieron clausurar la obra porque no había ninguna: la demolición no había empezado y no había nada que sancionar.
Así siguió el asunto hasta que se supo que este miércoles se hacía el remate de materiales de demolición de la casa. Este tipo de remate es un siniestro velorio para una casa patrimonial. Uno entra y se encuentra el edificio con cada elemento removible decorado por una etiqueta con un número. Pinoteas, rejas, puertas, ventanas, vitrales, pisos de mosaico, escalones, mármoles... todo es ya un lote que se entregará al mejor postor cuando se realice la demolición.
El diputado Distefano llegó al remate con dos inspectores y sabiendo que el Ejecutivo no había dado permiso para ninguna demolición. El dueño del edificio, muy airado, discutió con el diputado y lo dejó asombrado con un argumento ilevantable: era cierto que todavía no tenía el permiso de demolición y por eso no había demolido la casa, pero él ya sabía que el CAAP la había autorizado, por lo que el permiso era sólo cuestión de tiempo, de trámite. Cuando tuviera los papeles, les entregaría a los compradores sus materiales. Distefano se retiró y los inspectores nuevamente no tuvieron nada que clausurar.
De vuelta en su despacho de la Legislatura, el diputado averiguó que efectivamente el CAAP había considerado la casa de Estados Unidos 946 y no había decidido inhibirla. Italianamente enojado, Distefano presentó el mismo jueves un proyecto para catalogarla y se ocupó de que el Ejecutivo quedara avisado para prohibir su demolición. Este paso de fuertes consecuencias, el diputado lo explica diciendo que “toda la legislación patrimonial fue hecha para un inmueble como éste. No es una pieza única, una maravilla arquitectónica, pero tiene valor arquitectónico, es parte de un contexto, está pegada al APH de San Telmo y está dentro de su futura ampliación. No entiendo por qué el CAAP no la protegió y por eso propongo catalogarla con el grado cautelar”.
Resultó imposible para m2 leer los considerandos de la decisión del CAAP, pero la información parcial disponible parece indicar que fue justamente una cuestión de contexto lo que hizo tomar una decisión negativa. El lado sur de esa cuadra arranca en Tacuarí con un enorme y muy noble garaje –un edificio bien construido para esa función allá por los años veinte, y no una de esas playas de morondanga de hoy–, pero contiene un par de casas abominables y una de esas torres que le darán por siempre un mal nombre al Fonavi, en la esquina de Bernardo de Irigoyen. Pero este lado sur maltratado hace pendant con un lado norte mayoritariamente de época, con lo que el tema del contexto en todo caso será un empate.
Patricia Barral, de San Telmo Preserva, opinó que en caso de empate hay que decidirse por la preservación, ya que una demolición no tiene retorno. Y explicó una vez más que los vecinos del barrio ven el contexto no sólo en términos de calidad arquitectónica sino de continuidad. “Este es un barrio donde importa que siga estando lo que ya está”, dijo, “y no nos importa tanto que ‘quede lindo’ si se altera el contexto”.
La situación es, entonces, nueva. La ley de preservación y sus mecanismos crearon la primera contradicción entre patrimonialistas, lo que abre una agenda entera. Es la hora de ocuparse de los grises, y no sólo de los blancos y negros de la piqueta y la preservación.
Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suplementos/m2/10-1670-2009-07-18.html
Escribe Sergio Kiernan
El 18 de junio, una vecina de San Telmo pasaba por la cuadra de la calle Estados Unidos entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí. En la vereda sur, vio salir de una vieja casona unos obreros llevando maderas y vigas. La señora se acercó a mirar y los albañiles, cordiales, le dijeron que se apurara a sacar fotos porque la casa se demolía. A la señora le extrañó porque, al fin y al cabo, estaban en pleno San Telmo, en pleno casco histórico. Y por eso les mandó un mail a sus vecinos de San Telmo Preserva. Así empezó una historia que puede clasificarse entre los dolores de parto del sistema porteño para preservar el patrimonio.
Este año, la Legislatura sancionó la ley 3056, que amplía la vieja 2548 a toda la ciudad y hasta fines de 2010. El mecanismo se basa en una idea de la diputada Teresa de Anchorena (CC), presidenta de la Comisión de Patrimonio, que había presentado un proyecto general de protección para todo edificio anterior a 1941. En esencia, ésa es la actual ley, que prohíbe demoler o alterar cualquier edificio anterior a esa fecha sin un trámite especial.
Este trámite le saca al Ejecutivo el monopolio de la autoridad, en el sentido de que no puede interpretar solito la ley. Cuando alguien pide autorización para demoler o modificar un edificio, en ventanilla se fijan en la edad del edificio. Si es de 1940 o antes, la carpeta se envía a una entidad llamada Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales. El CAAP tiene un plazo perentorio para pronunciarse por sí o por no. Si no encuentra méritos para preservar el edificio, devuelve el asunto al Ejecutivo para que se autorice la demolición. Si los encuentra, la carpeta va a la Legislatura para que se catalogue por el bizantino trámite normal, con lo que el bien queda inhibido hasta que los diputados decidan.
La casa que vio la señora en Estados Unidos 946 claramente cae dentro de la ley. Es de esas casas en PH, planta baja y un piso, muy argentinas y con ornamentos afrancesados que no alcanzan para hacerla francesa. Como se ve en la foto, las herrerías bombé son canónicamente afrancesadas, igual que la decoración del balconcito a la izquierda, que se une con gracia a la linda máscara femenina. El edificio está obviamente baqueteado y mal utilizado, pero íntegro, sin patologías ni grietas. Hasta el símil piedra de la fachada está entero, con todos sus ornamentos en su lugar.
Es por eso que en San Telmo Preserva asumieron que se trataba de otra demolición clandestina y se movieron a toda velocidad. La misma noche del mail se comunicaron con el diputado porteño Patricio Distefano (PRO) que, al día siguiente, 19 de junio, mandó a un asesor a ver el lugar. La casa estaba vacía y cerrada, con lo que no hubo manera de comprobar nada. Distefano prometió seguir el tema y consiguió inspecciones de la Dgfyco, la entidad municipal que fiscaliza y controla las obras. Los inspectores eventualmente encontraron a alguien en la casa, pero no pudieron clausurar la obra porque no había ninguna: la demolición no había empezado y no había nada que sancionar.
Así siguió el asunto hasta que se supo que este miércoles se hacía el remate de materiales de demolición de la casa. Este tipo de remate es un siniestro velorio para una casa patrimonial. Uno entra y se encuentra el edificio con cada elemento removible decorado por una etiqueta con un número. Pinoteas, rejas, puertas, ventanas, vitrales, pisos de mosaico, escalones, mármoles... todo es ya un lote que se entregará al mejor postor cuando se realice la demolición.
El diputado Distefano llegó al remate con dos inspectores y sabiendo que el Ejecutivo no había dado permiso para ninguna demolición. El dueño del edificio, muy airado, discutió con el diputado y lo dejó asombrado con un argumento ilevantable: era cierto que todavía no tenía el permiso de demolición y por eso no había demolido la casa, pero él ya sabía que el CAAP la había autorizado, por lo que el permiso era sólo cuestión de tiempo, de trámite. Cuando tuviera los papeles, les entregaría a los compradores sus materiales. Distefano se retiró y los inspectores nuevamente no tuvieron nada que clausurar.
De vuelta en su despacho de la Legislatura, el diputado averiguó que efectivamente el CAAP había considerado la casa de Estados Unidos 946 y no había decidido inhibirla. Italianamente enojado, Distefano presentó el mismo jueves un proyecto para catalogarla y se ocupó de que el Ejecutivo quedara avisado para prohibir su demolición. Este paso de fuertes consecuencias, el diputado lo explica diciendo que “toda la legislación patrimonial fue hecha para un inmueble como éste. No es una pieza única, una maravilla arquitectónica, pero tiene valor arquitectónico, es parte de un contexto, está pegada al APH de San Telmo y está dentro de su futura ampliación. No entiendo por qué el CAAP no la protegió y por eso propongo catalogarla con el grado cautelar”.
Resultó imposible para m2 leer los considerandos de la decisión del CAAP, pero la información parcial disponible parece indicar que fue justamente una cuestión de contexto lo que hizo tomar una decisión negativa. El lado sur de esa cuadra arranca en Tacuarí con un enorme y muy noble garaje –un edificio bien construido para esa función allá por los años veinte, y no una de esas playas de morondanga de hoy–, pero contiene un par de casas abominables y una de esas torres que le darán por siempre un mal nombre al Fonavi, en la esquina de Bernardo de Irigoyen. Pero este lado sur maltratado hace pendant con un lado norte mayoritariamente de época, con lo que el tema del contexto en todo caso será un empate.
Patricia Barral, de San Telmo Preserva, opinó que en caso de empate hay que decidirse por la preservación, ya que una demolición no tiene retorno. Y explicó una vez más que los vecinos del barrio ven el contexto no sólo en términos de calidad arquitectónica sino de continuidad. “Este es un barrio donde importa que siga estando lo que ya está”, dijo, “y no nos importa tanto que ‘quede lindo’ si se altera el contexto”.
La situación es, entonces, nueva. La ley de preservación y sus mecanismos crearon la primera contradicción entre patrimonialistas, lo que abre una agenda entera. Es la hora de ocuparse de los grises, y no sólo de los blancos y negros de la piqueta y la preservación.
Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suplementos/m2/10-1670-2009-07-18.html
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